El gobierno presentó el anteproyecto de lo que sería la nueva ley de empleo, que reemplazaría al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por la «Agencia Española de Empleo», un organismo que no ayudará a crear ningún empleo ni contribuirá de ninguna manera a la grave situación de paro que transcurre el país.
Lo polémico es que entre las tantas implicaciones de este anteproyecto de ley -que ya fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros- está la de obligar a las empresas a informar cada vacante.
Usted ha leído bien, el gobierno nacional pretende poder monitorear todos los procesos de selección de las empresas, lo cual se presenta como algo inocuo e inofensivo, ya que nos lo venden como una medida destinada a crear un gran portal de ofertas de trabajo global en las que se recojan todas y cada una de las plazas vacantes y facilitar, así, la búsqueda de empleo.
Este «detalle» no trascendió mucho en los medios, más allá de las también correctas críticas a la medida en términos de la burocracia que puede llegar a generar y lo obstaculizadora que es para el proceso de contratación.
El mercado laboral español ya tiene demasiadas rigideces, es un mercado esclerotizado, así que una nueva obligación, por muy bienintencionada que nos la quieran vender, no es más que una traba adicional al ya recargado marasmo regulatorio que encorseta a los empleadores.
Por otro lado, las elevadísimas tasas de desempleo que sufre España no van a reducirse lo más mínimo creando este registro público obligatorio de ofertas de empleo, sino aligerando la hiperregulación que pesa sobre las relaciones laborales, reduciendo las cotizaciones que gravan el empleo y suprimiendo los subsidios que desincentivan el trabajo.
¿Cuál es el peligro real detrás de todo esto? Nada de lo que hace este Gobierno es casual ni inocente. Lo que se busca no es ni más ni menos que controlar las ofertas de empleo e interferir en los procesos de selección. Hasta ahora, las empresas solo tienen la obligación de informar y registrar los contratos de trabajo una vez estos ya han sido firmados. Si se establece la obligación de notificar las ofertas de empleo, se posibilita la injerencia del Gobierno en la toma de la decisión de la empresa sobre a qué persona contratar.
A partir del momento en el que se instaure la obligación de informar al Ministerio las ofertas de trabajo, este puede sugerir —cuando no decidir— si la oferta que uno hace se adapta a los criterios de idoneidad que el Gobierno decida en cada momento, bien en cuanto a la modalidad contractual ofertada —temporal o fijo, jornada completa o parcial, para menores o mayores de determinada edad, etc.—, lenguaje empleado adaptado a la ideología de género, retribución, horario y demás condiciones de la oferta de trabajo.
Pero además, a partir de ese momento, el Gobierno y los sindicatos podrán interferir en el proceso de selección propiamente dicho, condicionando la decisión sobre la persona a contratar. Así, el Gobierno podrá adelantarse y establecer reservas de empleo en las ofertas de trabajo para los perfiles que ellos decidan —denunciantes de violencia doméstica, sexo, inclinación sexual, edad, raza, nivel de estudios o cualesquiera distintivos identitarios que les plazca—, exigir la intervención de los sindicatos en los procesos de selección e incluso «influir» —sutilmente o no— en la decisión final sobre el candidato a contratar.
Está muy claro que no es una decisión inocente, inofensiva, y mucho menos beneficiosa para los trabajadores ni para las empresas, sino que es parte de la agenda que ya sigue este gobierno, la de seguir avanzando sobre la libertad personal y tomando control de cada faceta existente en la sociedad y de cada instrumento productivo en la economía nacional.
Es una propuesta totalitaria y sin justificación, de un gobierno socialista y autoritario, y aunque parezca inofensiva deja sentado un antecedente muy peligroso para que en el futuro estos gobernantes u otros tengan herramientas para vulnerar tu privacidad y la de las empresas, diluyendo cada vez más el concepto de derecho a la propiedad privada y a la libertad de emprender.
Por eso, hoy venimos a pedirte que firmes en contra de este peligroso atropello, que es uno más de los tantos que este gobierno ha cometido desde que asumió, y cuyas consecuencias padeceremos de finalmente aprobarse esta aberrante ley.
¡Alza tu voz!
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