La seguridad de los ciudadanos no es una cuestión ideológica, ni una partida presupuestaria más, ni una variable que pueda sacrificarse en el altar de la propaganda política. Es una obligación esencial del Estado y una responsabilidad ineludible de quienes gobiernan.
Los reiterados accidentes, incidentes y problemas que viene sufriendo la red ferroviaria española durante la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes obligan a exigir responsabilidades políticas. Ante el grave accidente ferroviario que hoy nos ocupa, no podemos volver a la rutina como si nada hubiera pasado. Las víctimas, sus familias y todos los usuarios del ferrocarril merecen respeto, transparencia y respuestas.
No se trata de anticipar conclusiones ni de atribuir responsabilidades penales antes de conocer los hechos. Se trata de exigir responsabilidad política por la gestión de una infraestructura estratégica para España, de la que dependen millones de ciudadanos y cuya seguridad debería constituir una prioridad absoluta.
Un ministro no puede atribuirse los méritos cuando las cosas funcionan y desentenderse de sus responsabilidades cuando fallan. Tampoco puede refugiarse en las explicaciones técnicas, en las investigaciones en curso o en la búsqueda de culpables dentro de la propia Administración para eludir su responsabilidad política. Gobernar implica responder, dar explicaciones y asumir las consecuencias de la gestión realizada.
La acumulación de incidencias, las interrupciones del servicio, los problemas de mantenimiento y los accidentes ferroviarios registrados durante su mandato han deteriorado la confianza de los ciudadanos en un sistema que debería ofrecer garantías de seguridad, fiabilidad y puntualidad. Cada nuevo incidente aumenta la preocupación de los usuarios y plantea preguntas legítimas sobre las prioridades del Ministerio, el estado de las infraestructuras y la eficacia de la supervisión y de las inversiones.
España necesita un ferrocarril seguro, no un ministro dedicado a la propaganda y a la confrontación política. La responsabilidad de un cargo público no se mide por su actividad en las redes sociales, por sus declaraciones ni por su capacidad para desacreditar a sus adversarios, sino por los resultados de su gestión y por su disposición a rendir cuentas.
Desde el Club de los Viernes, defendemos que la responsabilidad política, la transparencia y la rendición de cuentas son principios irrenunciables de una democracia liberal. Los ciudadanos no son súbditos que deban conformarse con explicaciones insuficientes: son quienes sostienen las instituciones con sus impuestos y quienes tienen derecho a exigir que los servicios públicos esenciales funcionen con las máximas garantías.
Por todo ello, solicitamos la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes. Consideramos que la gravedad de la situación y el deterioro de la confianza pública justifican esta exigencia política. La investigación de los accidentes deberá determinar sus causas y las responsabilidades que correspondan, pero la responsabilidad política no puede quedar suspendida indefinidamente a la espera de que otros resuelvan lo que el Gobierno tiene la obligación de explicar.
Te invitamos a respaldar esta petición con tu firma. Es una manera de exigir que la seguridad de los ciudadanos esté por encima de los intereses partidistas y que quienes ocupan responsabilidades públicas respondan por su gestión.
Porque un país serio no normaliza los accidentes, no convierte las tragedias en una batalla partidista y no confunde la rendición de cuentas con un gesto voluntario. La responsabilidad política no es una concesión del poder: es una obligación democrática.
Firma la petición y exige la dimisión de Óscar Puente.
AYÚDANOS A MANTENER NUESTRA INTENSA ACTIVIDAD CON UNA DONACIÓN
