España no puede acostumbrarse a la negligencia ni a la irresponsabilidad política. Los recientes accidentes ferroviarios han vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando falla la seguridad pública, alguien debe dar explicaciones y asumir responsabilidades.
El transporte ferroviario es un servicio esencial del Estado. Su correcta gestión exige previsión, rigor técnico y una supervisión constante. Cuando se producen incidentes graves de manera reiterada, no basta con escudarse en informes, excusas administrativas o responsabilidades difusas. En una democracia seria, la responsabilidad política no se diluye: se ejerce o se asume.
Por este motivo, los firmantes de esta carta solicitamos la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, como acto de responsabilidad política y respeto institucional hacia los ciudadanos, los trabajadores del sector y, sobre todo, hacia quienes confían cada día su seguridad al sistema ferroviario.
No se trata de un juicio personal ni de una condena previa a las investigaciones técnicas o judiciales. Se trata de algo más elemental: cuando el Estado falla en una de sus funciones más básicas —proteger la vida y la seguridad—, el máximo responsable político debe responder.
Exigir responsabilidades no debilita la democracia: la fortalece. La degrada, en cambio, la impunidad, la frivolidad y el desprecio por las consecuencias de una mala gestión.
Por todo ello, pedimos:
- La asunción inmediata de responsabilidades políticas.
- Una auditoría independiente y transparente del sistema ferroviario.
- Medidas urgentes y verificables que garanticen la seguridad de los usuarios.
Firmar esta petición es un acto de civismo, de exigencia democrática y de respeto a la verdad.
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