Recientemente hemos confirmado lo que, por otro lado, parecía evidente: que el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con una cifra récord de asesores (1000), que suponen para el erario público un coste de récord (55 millones de euros). En los últimos días, la polémica en esta línea la protagoniza el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que viene evadiendo, desde el pasado 28 de mayo, la petición del Partido Popular de publicar una relación de las identidades de sus asesores, el salario percibido por sus funciones y su currículum.
Sobre las primeras dos cuestiones, el Gabinete de Irene Montero nos remite a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ministerio, publicada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. En todo caso, podría consultarse la información respectiva a 8 de los 12 cargos elegidos a dedo por Montero (los 4 restantes no aparecen), pero, cuando accedemos a dicha página, aparece vacía. Sobre la cualificación de los asesores, el mismo Gabinete afirma que corresponde a la Ministra evaluarla, dado que se trata de personal eventual y de confianza.
Es decir, que Irene Montero se niega a hacer pública la información solicitada sobre los salarios de sus 12 asesores. Por supuesto, esto ha hecho arder las redes sociales, donde, entre otras cosas, se le recuerda a la Ministra el compromiso de Podemos con la limpieza de las instituciones – naturalmente, en vano, porque es bien conocida la inmunidad de los miembros de la formación morada frente a la hemeroteca y las críticas en general.
AUTOZASCA!!!!!!!!!!! de @IreneMontero pic.twitter.com/V5hqdziD24
— Mejores Zasca! (@mejoreszasca) September 3, 2020
La ciudadanía tiene derecho a conocer el coste que le suponen las actividades de los Ministerios. Y hablamos de actividades por decirlo de alguna manera; lo cierto es que al Ministerio de Igualdad, regado con 180 millones de euros del contribuyente, no se le conoce labor alguna al margen de la promoción de la nefasta ideología de género – lo mismo ocurre, por ejemplo, con el Ministerio de Universidades (325 millones), cuyo erudito dirigente está desaparecido en combate.
En el marco de la peor crisis de la historia reciente de España, el Ejecutivo más incompetente (y caro) jamás visto desoye sus funciones y protagoniza polémica tras polémica – la de la asesoría de Irene Montero se suma, por cierto, a la denuncia de Fedeca de una treintena de dedazos de Pedro Sánchez ante el Tribunal Supremo. Los de Podemos hace tiempo que abandonaron una hoja de ruta, la de la transparencia y la honradez, proyectada – fingida – tan solo para asaltar el cielo. Es nuestro deber obligar a rendir cuentas a un Gobierno que pretende disponer de las instituciones del Estado – y sus (nuestros) presupuestos – a placer.
Exige a Irene Montero que haga públicos los sueldos de sus asesores.
¡Firma la petición!
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