Marlaska manda a la policía a reprimir el descontento social
Exige su cese fulminante
La Dirección General de la Policía Nacional, siguiendo instrucciones del ministro del Interior, Grande Marlaska, ha ordenado a sus agentes que intensifiquen la monitorización de las redes sociales para tratar de frenar las movilizaciones ciudadanas como la que se produjo este domingo por la tarde en el barrio de Salamanca de Madrid.
España va camino de convertirse en un Estado policial
El gobierno quiere acabar con cualquier crítica o cualquier oposición a su criminal gestión de la pandemia valiéndose de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como si fueran su Guardia Pretoriana o Guardia Bolivariana. La misión de nuestras fuerzas del orden consiste prescisamente en garantizar las libertades y el respeto a la democracia y la Constitución, no el cambio de régimen que trata de forzar Pedro Sánchez amparado por los poderes excepcionales conferidos por el Estado de Alarma y con la excusa de la pandemia.
Las órdenes dadas a la policía no sólo van dirigidas a monitorizar las redes sociales y los dispositivos móviles, sino que va un paso más allá, pues también alcanza a cualquier memostración de descontento social, reprimiendo cualquier manifestación contraria al Gobierno mediante la práctica intimidatoria de identificaciones arbitrarias, multas y apercibimientos irregulares.
Hasta tal punto de indignidad hemos llegado que compatriotas que tranquilamente paseaban a pie o en coche están siendo obligados a retirar sus banderas españolas. La bandera española se ha convertido en un símbolo de insumisión y resistencia pacífica ante la deriva totalitaria de Pedro Sánchez y sus aliados políticos.
Está utilización partidista de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es una manifestación de la deriva Bolivariana de este gobierno, que pretende poner a su servicio a la policía, que de esta manera pasaría de proteger a perseguir a los españoles.
Hacemos un llamamiento a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para que no acaten las órdenes y las instrucciones ilegales, se mantengan firmes dentro de la legalidad y refuercen su compromiso con la democracia y la Constitución Española.
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