Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno más progresista de la historia viene cometiendo abusos y vulnerando sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Con el advenimiento de la pandemia, la actividad criminal del Ejecutivo de Sánchez aceleró aún más, y ahora hemos llegado al que, tal vez, sea el atropello más escandaloso a la democracia: la intervención del poder judicial.
A principios de diciembre, el Gobierno de Sánchez e Iglesias presentó una iniciativa parlamentaria para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial – sin duda, con la vista puesta en reformarlo a placer próximamente. El Consejo está ahora en funciones, porque su mandato de dos años ha concluido, y hasta que no haya un pacto parlamentario no es posible su renovación. No obstante, como es natural, los jueces siguen desempeñando su labor de contrapeso del Poder Ejecutivo – de un Gobierno corrupto, negligente y criminal: se entiende que Sánchez y sus secuaces quieran intervenirlo.
La reforma del Poder Judicial que prepara el Gobierno consiste, fundamentalmente, en abrir la puerta a la designación de jueces políticos (como ya se hizo situando a Dolores Delgado al frente de la Abogacía del Estado), eliminando obstáculos democráticos como la necesidad de consenso parlamentario – que el 60% de los congresistas acuerden las renovaciones del Poder Judicial, como se lleva haciendo desde 1986, para garantizar la pluralidad en este ámbito.
En los últimos días hemos sabido que el Gobierno prepara una nueva argucia: una tramitación express de la reforma propuesta, reduciendo los plazos de enmiendas por parte de la oposición y limitando el margen de maniobra de ésta. No hay, dicen los expertos, ninguna justificación para la urgencia con que se plantea la reforma – aunque esto ha de valorarlo la Mesa de la Cámara, presidida por Meritxell Batet; es evidente que esta maniobra responde a la voluntad totalitaria del Gobierno de tomar el control del Poder Judicial.
La separación de poderes es uno de los pilares de la democracia, y una de las garantías fundamentales de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Millones de españoles se asoman al abismo de la quiebra económica, el país vive el peor momento que se puede recordar, y la única preocupación del Gobierno es hacerse con el poder absoluto e imponer su ley. El nivel de degeneración del Gobierno más progresista de la historia traspasa todos los límites imaginables. Es nuestro deber detener la deriva autoritaria y criminal del Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, reivindicando la libertad, la democracia y la independencia judicial, que es garantía de ambas.
Impidamos que el Gobierno de Sánchez e Iglesias tome el control del Poder Judicial
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